Jesús Emiliano Álvarez López, diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha tomado una postura activa en d...
Jesús Emiliano Álvarez López,
diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha
tomado una postura activa en dos temas clave para el país: el combate al
tráfico ilegal de armas y la reforma a la Ley de Amparo. Ambas iniciativas
buscan fortalecer la seguridad nacional y garantizar un sistema de justicia más
equitativo y transparente.
En primer lugar, Álvarez
presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para solicitar al
Gobierno de México la ratificación del acuerdo de la Convención
Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego
(CIFTA). Este acuerdo, firmado por 34 países, incluyendo a Estados
Unidos, entró en vigor el 1 de julio de 1998 y promueve la cooperación
internacional para frenar el tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos.
Se estima que más de 230
mil armas ingresan anualmente de forma ilegal a México desde Estados
Unidos, lo que alimenta la violencia y la delincuencia. Álvarez subrayó la
importancia de que los países firmantes fortalezcan los puntos de control
fronterizo y colaboren en el rastreo de armamento ilícito. Asimismo,
resaltó el compromiso de México con programas nacionales como “Sí al
desarme, sí a la paz”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum,
lo que demuestra la voluntad del gobierno mexicano de erradicar esta
problemática desde su raíz.
“Nuestro país enfrenta un
fenómeno internacional. Es fundamental que exista cooperación entre naciones
para combatir este problema, que atenta contra la seguridad, genera violencia y
debilita el estado de derecho”, afirmó Álvarez.
En un segundo frente, el
diputado también expresó su apoyo a la Reforma a la Ley de Amparo, en la
cual se propone que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) sean de observancia obligatoria para todas las autoridades
jurisdiccionales. Esta medida busca eliminar interpretaciones discrecionales
que, en el pasado, generaron incertidumbre y permitieron que quienes contaban
con mayores recursos litigaran indefinidamente en su beneficio.
La reforma contempla, además, reducir
el número de votos necesarios para que la SCJN emita una declaratoria general
de inconstitucionalidad, pasando de ocho a seis, lo que evitaría bloqueos
por parte de minorías. También se actualizará la estructura del Poder
Judicial, con la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y el
traslado de sus funciones al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de
Disciplina Judicial.
Otro cambio relevante es la
actualización del lenguaje en la Ley de Amparo, donde se sustituirá el término
“grupos vulnerables” por “grupos en situación de vulnerabilidad”, reconociendo
que la desigualdad proviene de estructuras sociales injustas.
“Con esta reforma damos un
paso firme hacia un México más justo, donde el Poder Judicial deje de ser un
obstáculo para el cambio y se convierta en un pilar fundamental en la
construcción de un país donde la justicia sea un derecho efectivo para todas y
todos”, concluyó Álvarez.
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